En Perú hace 15 años una joven de 17 años cursaba un embarazo cuyo feto de 14 semanas tenía anencefalia. Esta es una anomalía en el tubo neuronal, letal para el bebé y en muchos casos también para la madre.
Sin embargo, y pese al diagnóstico confirmado y a que en estas circunstancias esta práctica en Perú es legal, el director del hospital en el que se encontraba rechazó su pedido de aborto.
La joven embarazada no pudo ejercer su derecho, y con el accionar irresponsable de aquel médico tuvo que llevar en su vientre durante nueve meses un feto condenado a morir. Luego del parto y con una sobrevida de solo cuatro días, la joven denunció el hecho ante el comité de Derechos Humanos de la ONU.
En el 2005, el Organismo Internacional concluyó que Perú había violado artículos del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, lo que obligó al país a compensar financieramente a la joven.
Finalmente, y después de 15 años se la compensó por “el trato cruel, inhumano y degradado” que recibió en el 2001.
Este caso sienta claramente un precedente por partida doble. En primer término por ser la primera vez que un comité de las Naciones Unidas hace responsable a un país por no asegurar el acceso a un aborto seguro y legal, y en segundo lugar es la primera vez también que la ONU reconoce al aborto como un derecho humano.
Este fallo sale a la luz en momentos en los que en nuestro país entrará en vigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un protocolo para abortos no punibles, restrictivo y claramente contrario a derecho.
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